Regulando las opiniones pagadas

En menos de un mes han flotado dos proyectos de ley sobre la libertad de expresión y su regulación con especial enfoque en las redes sociales y los medios digitales. Tratar de regular la libertad de expresión es engorroso, la sociedad siempre verá con sospechas cualquier forma en la que el Estado trate de poner reglas alrededor de lo que se puede o no decir, y con razones válidas. Para no entrar en el problema de poner reglas sobre lo que se dice, es mucho más efectivo exigir transparencia a quien lo dice.

Es una práctica común en nuestro país pagar u otorgar beneficios ocultos a comunicadores o periodistas a cambio de que estos difundan un mensaje para “construir narrativas”. Esa es una práctica éticamente cuestionable, pero no ilegal. En los medios tradicionales los directores tienen la responsabilidad ética de prevenir esta práctica, en las redes sociales no hay control alguno. 

Una cantidad significativa de las campañas difamatorias en nuestro país tienen indicios de ser resultado de una “construcción narrativa” pagada, desde la coordinación de mensajes entre múltiples comunicadores e “influencers”, el uso masivo de cuentas títere para fabricar interacciones y aumentar su alcance, la creación de “noticieros digitales” pantalla para legitimar el mensaje, entre otros comportamientos comunes a este tipo de actividad. Más que abocarnos al delicado ejercicio de regular la expresión, entiendo que hay un interés legítimo y justificable para que el Estado ponga sus ojos en traer luz sobre esta práctica.     

En la era de los podcasts, “influencers” y comunicadores “independientes” el valor de estos se encuentra en el peso y la validez que sus seguidores le dan a lo que estos dicen, bajo el entendido que sus opiniones y comentarios vienen de una genuina convicción personal. Más allá de la irresponsabilidad ética que representa recibir dinero para comunicar u opinar sobre un tema, en el mundo de las redes sociales esto se acerca al fraude en perjuicio de los consumidores.  

Para regular esta actividad la ley no debe prohibir el pago o la recepción de dinero o beneficios a cambio de emitir una opinión pública, es éticamente cuestionable pero por si sola no constituye una conducta que tenga impacto en terceros o a la sociedad. Lo que la ley sí debe exigir es que la persona que reciba dinero o beneficios a cambio de hacer un contenido, divulgue dentro del contenido de forma clara y entendible que para la divulgación de ese contenido se recibió un pago o beneficio e identificar a la persona que realizó el pago. 

En este escenario la conducta sancionable sería la no divulgación a los consumidores del contenido sobre el pago del mismo, y no el pago como tal, pudiendo aplicarse sanciones monetarias significativas por esa falta. 

Cuando se trata de regular la libertad de expresión es muy difícil definir regulaciones sin cruzar límites sensibles y razonables que terminen dando demasiado poder al Estado en detrimento de las libertades más esenciales de la democracia. Es mucho más fácil y efectivo exigir transparencia en las motivaciones detrás de cualquier expresión.    

Responsabilidad limitada

En el derecho societario de la República Dominicana la responsabilidad limitada es la reina suprema del motor de decisiones detrás de la creación de nuestras empresas. De las pocas estadísticas públicamente disponibles de la Cámara de Comercio de Santo Domingo esta anualmente revela la cantidad de empresas constituidas en el año anterior, y en esa limitada información detallan como los vehículos societarios que incluyen la responsabilidad limitada, tales como la empresas individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) y las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) representan la abrumadora mayoría, seguidas bien distantes por las sociedades anónimas simplificadas (S.A.S.) y la sociedades anónimas (S.A.), que también otorgan responsabilidad limitada. En nuestro país, las sociedades personalistas, cuya responsabilidad es ilimitada, simplemente no existen.

Esto es llamativo porque en otros países, contrario al nuestro, las sociedades con responsabilidad ilimitada son la abrumadora mayoría. Esto es así porque este tipo de sociedades suele requerir menos “mantenimiento” legal (ej: los gerentes pueden ser designados por tiempo indefinido) y tributario (ej: la empresa no tiene por qué declarar algunos impuestos), y es más compatible a la realidad de la mayoría de los negocios.

Pero en nuestros dos tercios de isla de las maravillas esto virtualmente no existe. Una mezcla de la práctica de los abogados que sobrevenden las virtudes de la responsabilidad limitada y los peligros de la responsabilidad ilimitada, más las Cámaras de Comercio que incluyen requisitos sobre ese tipo de sociedades que no son exigidos por la ley y una Dirección General de Impuestos Internos que simplemente no entiende el tratamiento de estas sociedades porque, siendo justos, rara vez la ha visto en la práctica, hace de la existencia práctica de estas sociedades algo comparable a los unicornios. 

¿Qué significa esto en la práctica? Pues una República Dominicana llena de S.R.L.s y E.I.R.L.s que no son objeto de crédito, que se ven forzadas a usar a los socios que las componen como garantes solidarios (efectivamente derrotando el objetivo de la famosa responsabilidad limitada), quienes a su vez deben constantemente sacar capital de sus propios bolsillos para mantener el negocio a flote sin poder percibir beneficio o alivio tributario por ese esfuerzo. En efecto, la práctica legal “corporativa” y tributaria dominicana ha logrado ponernos en el peor de todos los escenarios.

No creo poder enfatizar con mayor urgencia la importancia de este como uno de los factores en la alta informalidad de nuestra economía, pero con honestidad es quizás uno de los más fáciles de atacar a base de entrenamiento. Tenemos la figura de la sociedad en nombre colectivo, las en comandita simples y por acciones, por lo que ya tenemos las leyes en los libros, es solo llevarnos a todos a una reconsideración colectiva sobre todo aquello que venimos tomando por sentado desde nuestras universidades. El Derecho no supone ser una fábrica de martillos que luego usamos como soluciones únicas a todos los problemas que vemos como clavos, debemos ser más cuidadosos y luchar para que las cosas funcionen acorde a las necesidades prácticas de la ciudadanía para evitarnos caer en errores de esta naturaleza que resultan de que todos hagamos lo mismo porque “así siempre ha sido”.     

La solución dominicana.

Por décadas ha sido la postura oficial de la República Dominicana que “no hay solución dominicana a los problemas de Haití” como un modo de llamado a acción a la comunidad internacional para intervenir en el país vecino y lograr su estabilización. El resultado de esas gestiones es que la poca acción ofrecida por la comunidad internacional ha sido totalmente inefectiva y que hoy Haití se encuentra al borde del colapso total ante la violencia de las bandas criminales que controlan la mayor parte de su territorio. Para preservar nuestra propia estabilidad es tiempo de empezar a evaluar esa solución dominicana. 

Por razones que desconozco, el Estado dominicano rutinariamente presenta como solución al problema de Haití el reforzamiento de la frontera y las deportaciones masivas. Claramente eso no es solución, pues estamos donde estamos, pero insistimos con eso como única herramienta a nuestro alcance, ignorando que los problemas de Haití no están en nuestro territorio y que todo lo que hagamos acá es un ejercicio inutil de tratar de contener un tsunami con una cubeta. 

Seamos claros, el único universo en el que el flujo migratorio desde Haití hacia República Dominicana se detiene es en aquel donde Haití se convierte en un país estable y próspero, en cualquier otra alternativa la República Dominicana está condenada a recibir ola tras ola de migrantes. Ante esa realidad, que la solución es asistir en la estabilidad y desarrollo de Haití es bastante clara, la pregunta es ¿Qué estamos haciendo para llegar allí? 

Pero mientras el Estado dominicano repite el mantra en foros internacionales y para el consumidor interno, no vemos ningún acercamiento a las fuerzas políticas y fácticas en Haití para lograr algún entendimiento. No se ve esfuerzo alguno en evaluar la situación en Haití y buscar soluciones en Haití. No digo que no existan, es perfectamente posible que los acercamientos se hayan intentado en más de una ocasión, pero claramente no son visibles.

Hay razones históricas y del presente por la cual una participación activa de República Dominicana en la búsqueda del desarrollo de Haití es difícil, es por ello que el proceso de construir la confianza mutua debe iniciarse a la mayor brevedad para construir un camino viable hacia una solución, a la dominicana, de la situación de nuestro vecino. En muchos casos los remedios no van a ser agradables para nuestros pares haitianos, pero si son necesarios y su ejecución se realiza de buena fe con el objetivo de mejorar la situación interna de Haití para el beneficio a corto y largo plazo de la República Dominicana, estos deben ser implementados.   

Personalmente estoy cansado de tener toda una vida hablando de este tema y que Haití persista como una espada de Damocles puesta al cuello de nuestro país. Tenemos más de medio siglo dándole la espalda al problema atendiendo los síntomas negándonos a ver la enfermedad a los ojos. La solución no va a ser cometer un sepuku económico, social y diplomático sacrificando nuestros valores democráticos, nuestra estabilidad interna y nuestra reputación internacional implementando paliativos que definitivamente no van a resolver el problema. Es tiempo de que finalmente aceptemos, que si algo va a cambiar para bien en Haití, definitivamente va a tener que venir de una solución dominicana.