De la indexación y otros males.

Recientemente el país ha vivido un debate sobre la indexación de la escala salarial para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por un lado los que piden su indexación correctamente se apegan a lo exigido por el mismo Código Tributario que establece el ajuste anual por inflación que no se ha hecho desde 2017. Por el otro lado está el gobierno dominicano que correctamente señala que el ajuste supondría un sacrificio fiscal grave para el Estado que afectaría materialmente su capacidad de cumplir sus compromisos presupuestarios sin incurrir en más deuda. Ambos tienen razón y eso lleva a un punto de inflexión.

Lo que el debate sí abre es la posibilidad de impulsar una modificación del capítulo VI del Código Tributario con mucha menor fricción social que una reforma fiscal íntegra. La conversación ya está abierta, ahora toca pasarla de los medios y redes sociales al Congreso Nacional donde corresponde. 

El ajuste por inflación debe ser eliminado, si el texto de la ley debe ser ignorado por no ser realista, mejor no tenerlo en la ley y punto. Si para ello se debe hacer algún compromiso donde el Estado asuma un deber de ajustar la escala debido a los cambios normales de la economía, la variación del salario promedio cotizable registrado en la Tesorería de la Seguridad (TSS) sería un parámetro más razonable que la inflación, dada la naturaleza de nuestra economía. 

Por otro lado, la escala necesita ser ampliada y ajustada a la realidad. De acuerdo a los números más recientes de la TSS, el salario cotizable promedio está cerca de DOP 37,000 mensuales, siendo que la escala no indexada actual exonera del ISR los salarios por debajo de DOP 34,700, esto significa que la mayoría de los asalariados formales quedan dentro de la escala exenta. 

Es poco probable que el Estado vaya a asumir el costo fiscal que implicaría la eliminación de una base exenta y la introducción de deducciones fiscales como esto suele operar en otros países, por lo que consensuar una nueva base exenta luce como lo probable. Esta podría exonerar los salarios mensuales hasta DOP 27,750 e introducir dos nuevas escalas menores, para los que van desde DOP 27,750 a DOP 37,000 con un 5% y de DOP 37,000 a DOP 50,000 con 10%. Adicionalmente, se ajustarían las escalas existentes, y se agregarían dos nuevas escalas superiores para ingresos por encima de los DOP 200,000.00 mensuales a 30% y los mayores a DOP 400,000.00 a 35%. 

Esto claramente implicaría un aumento sustancial del ISR para la mayoría de las personas físicas, lo que le daría al Estado el espacio para reducir ese impuesto en las personas jurídicas a una tasa de entre 20% y 15%, colocándose por debajo del promedio de la OECD, a su vez allanando su propio camino para empezar a reducir sustancialmente la exenciones impositivas sectoriales. 

Mientras los impuestos a los ingresos suponen más del 50% de las recaudaciones del Estado en la mayoría de los países, en República Dominicana dicho impuesto apenas capta el 25% de estas, lo que evidencia que tenemos un sistema tributario agresivamente regresivo con alta dependencia a impuestos al consumo y la propiedad. Aprovechar el debate actual para impulsar esta reforma focalizada al ISR, si bien no estará alcanzando todas las aspiraciones fiscales del Estado, sí sería un enorme paso de avance en esa dirección. 

Apuestas

En República Dominicana tenemos un serio problema de ludopatía que se refleja en la cantidad de bancas de apuestas legales e ilegales que tenemos en todo nuestro territorio, algunas fuentes estimando que entre ambas tenemos una banca de apuesta por cada 118 habitantes. Si entendemos eso como grave, la realidad es que estamos lejos de estar preparados para enfrentar lo que ya estamos teniendo enfrente, el negocio de las apuestas está penetrando todos los aspectos de la vida y no solo nos faltan herramientas para poder enfrentarlo, aún si la tuviéramos parecería muy poco lo que podría hacerse para contenerlo. 

En el 2018 la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso “Murphy v. National Collegiate Athletic Association” determinó que la prohibición federal a las apuestas en los deportes era inconstitucional y abrió el espacio para que los Estados pudieran legalizarla. Desde entonces, no solo ese tipo de apuestas han sido legalizadas en la mayoría de los Estados en ese país, sino que se han proliferado las apuestas en línea a través de páginas y aplicaciones. 

Para 2025 el negocio de las apuestas en línea, impulsadas por las apuestas desde el celular, va a mover más de USD$100 mil millones de dólares. En República Dominicana, por vía del contenido de entretenimiento que recibimos desde Estados Unidos, vivimos bombardeados de anuncios de empresas como Draft Kings, Fan Duel, Betcris, entre otras que no solo se promocionan sin restricciones sino que directamente fungen como patrocinadores de eventos deportivos y de todo tipo. 

Mucho más grave aún, las mecánicas de los juegos de azar también se han apoderado de los videojuegos, directamente enganchando a niños y adolescentes. Desde poder entrar y jugar en casinos virtuales, hasta mecánicas de apuestas en loot boxes, los gacha y sobres de FUT, muchos videojuegos están exponiendo a los niños y adolescentes a los juegos de azar y las apuestas sin ningún tipo de restricción mucho antes de que estos lleguen a ser adultos.

Los ludópatas de hoy son adultos jóvenes obsesionados con su celular, apostando con el dinero de sus cuentas bancarias o con criptomonedas, nunca llegando a poner un pie en un casino o banca de apuestas.    

Esta realidad está a plena vista de todos en todo el mundo pero aún así no está encontrando algún tipo de resistencia. Los casinos virtuales utilizan el poder de sus ingresos para pagar promociones con influencers y celebridades, hoy en día fungen entre los principales patrocinadores de eventos deportivos y los e-sports, los gobiernos de los distintos países están percibiendo enormes sumas en sus recaudaciones fiscales por los impuestos a las apuestas, y muchos políticos y empresarios están asumiendo posiciones de control o de inversionistas en esos negocios.   

Los tiempos de apuestas en cuartos oscuros o casinos de poca monta ya están detrás de nosotros. Hoy en día todos tenemos el casino en nuestros bolsillos y en nuestras casas, cultivándonos como participantes activos en los juegos de azar desde la niñez, con la gravedad de que los llamados a ser los “adultos responsables” para poner cierto control sobre esta situación están, en cambio, lucrándose de ella. 

Alerta Roja

La semana pasada a raíz de la tormenta Melissa gran parte de nuestro territorio fue declarado en alerta roja. Todos los que hemos vivido un tiempo en este país plantado en el mismo medio del Mar Caribe tenemos una vaga idea de lo que significan esas alertas semafóricas, rojo es aviso de tormenta, amarillo es alerta y verde es un llamado de atención. El problema está, como bien evidenció la tormenta Melissa, es que si bien tenemos una noción de lo que significan las alertas, claramente nadie o muy pocos saben lo que debemos hacer con cada una.

Desde que tengo memoria, sea con el Huracán George, las tormentas Olga y Noel, o con cualquiera de las tormentas que se nos acercan cada verano, el Centro de Operaciones de Emergencia hace sus alertas y la población (incluyendo al Estado) hace sus adivinanzas de lo que implican en términos prácticos esas alertas.   

La Ley de Gestión de Riesgos y su reglamento que establecen los sistemas de alerta y respuesta para la mitigación de desastres no parecen ser adecuados para las necesidades prácticas de la población, porque si bien establecen alertas para que “la población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación que se presenta”, en ninguna parte se define concretamente cuales son esas acciones específicas. 

Por un lado, debemos separar las alertas metereológicas de las alertas de riesgos. Es perfectamente posible que un fenómeno atmosférico tenga alta probabilidades de ocurrir pero que los riesgos derivados de este sean menores, o que eventos que no nos choquen directamente sí puedan provocar daños materiales al país. Considerando eso, debemos tener una alerta concreta de riesgos con consecuencias específicas y accionables.

En términos prácticos, bajo un esquema de alerta de riesgos, una alerta roja significa una suspensión inmediata de labores y clases en los centros educativos, suspensión que se levanta el día laborable siguiente a la terminación de la alerta roja. Nada de interpretaciones aisladas en el sector público o privado, nada de aclaraciones del Ministerio de Trabajo o de Educación, la alerta en sí viene con consecuencias directas y accionables para todos. 

Junto a esto también se deben incluir guías de mejores prácticas en la formación de planes de contingencia institucional del sector público y privado que definan las acciones específicas apropiadas para cada nivel de alerta, lo que a su vez vendría acompañado de una definición de “servicios esenciales” que deben procurar su continuidad aún durante la ocurrencia de un evento de riesgo. 

Un sistema de alerta de riesgos puede y debe tener matices que una alerta meteorológica no tiene, pudiendo activarse para barrios o municipios o hasta sectores económicos o sociales específicos sin tener que impactar a toda una provincia o el país, lo que le daría el carácter que deben tener este tipo de alertas tanto para la población que lo recibe como para el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres que las emite. 

Estamos entrando una nueva era climática en el planeta, y República Dominicana en específico es especialmente vulnerable. El sistema de gestión de riesgos para hacer frente y mitigar las consecuencias debe ser refinado para reflejar la naturaleza del riesgo al que nos enfrentamos y para ello necesitamos un sistema de alertas claro y accionable sin interpretaciones.