"Quick wins" fiscales

Como indicara en mi artículo anterior, entiendo por qué era necesario el ajuste fiscal y por qué ahora, en medio de buenos tiempos económicos, era el momento ideal para llevarla acabo. Pero las circunstancias no lo han hecho posible y es poco probable que veamos un ajuste impositivo importante en los próximos año. Eso dicho, el hecho de que la propuesta de reforma fiscal haya sido retirada, no significa que las necesidades que inicialmente la impulsaron dejaron de existir. Es por ello que en esta ocasión entiendo propicio proponer algunas medidas fiscales de rápida implementación o “quick wins” fiscales, que no requerirían una nueva ley, ni el consenso que ello conlleva, sino una reconsideración de la forma en la que se interpreta la ley vigente. 

El impuesto anual por circulación de vehículos de 1% el valor del vehículo sigue vigente conforme a la Ley No. 253-12, este no ha sido implementado en la práctica por razones que escapan a lo legal y tributario. Un “quick win” sería permitir su implementación tal cual lo prevé la ley, e introducir el impuesto previsto en dicho artículo para motocicletas y vehículos del transporte público considerando la inflación acumulada desde 2012. Este pequeño ajuste, previsto por la ley, por sí solo incrementaría sustancialmente las recaudaciones derivadas de este impuesto al convertirle de una tasa arbitraria a un impuesto patrimonial.    

Otro “quick win” que pudiera obtener la administración tributaria para incrementar los ingresos, en particular los derivados del ITBIS, sería la revisión de sus normas generales sobre retenciones tributarias aplicables a las asociaciones sin fines de lucro. En la actualidad, la mayoría de las asociaciones sin fines de lucro no realizan retenciones de ITBIS por los bienes y servicios que ofrecen. Esto es particularmente llamativo en los clubes recreativos y deportivos, que cobran membresías y venden bienes y servicios a sus miembros sin aplicar ITBIS. Los ingresos de los clubes y asociaciones sin fines de lucro están exentos del Impuesto Sobre la Renta como es lo correcto, pero no hay ninguna razón legal, económica o fiscal para exonerar sus ventas y bienes y servicios del ITBIS salvo una interpretación de la ley más generosa de lo que realmente amerita.   

Algo similar puede ser aplicado sobre los servicios de los condominios y las empresas administradoras de condominio, que en la actualidad no aplican retención de ITBIS sobre los servicios de “mantenimiento” que ofrecen a los condóminos basado en una interpretación generosa de las exenciones que les pudieran ser aplicables sobre sus ingresos, lo que no necesariamente tiene por qué ser extendido a sus servicios.  

Como estas existen múltiples oportunidades para que el Estado logre una serie de “quick wins” en su recaudación tributaria aumentando de forma significativa sus ingresos, sin necesidad de modificar la ley o de requerir consensos para lograr su implementación las cuales pienso abordar en un siguiente artículo. 

Las necesidades que justificaban la reforma no dejan de existir porque esta haya sido retirada, y el Estado puede tomar medidas para atenderlas aumentando su recaudación fiscal y evitando los aspectos más engorrosos que imposibilitaron su implementación.

Privatizar el sector eléctrico.

Este año se cumplen 20 años desde que iniciara este espacio escribiendo para el periódico El Nacional. Recuerdo que uno de mis primeros artículos consistió en una propuesta dirigida al entonces Presidente Leonel Fernández para que detuviera la contrarreforma eléctrica y directamente privatizara las empresas distribuidoras de electricidad para evitarle al país el enorme problema del pago del déficit eléctrico. Hoy, 20 años después, en medio del debate de una reforma fiscal que busca aumentar los ingresos fiscales en aproximadamente 1.5% del PIB, para que cerca de un 80% de esa recaudación se desperdicie en seguir cubriendo el déficit eléctrico, me siento obligado a reiterar aquella vieja propuesta. 

Soy de los que cree que la reforma fiscal es necesaria e inevitable, hace un año y medio hice 9 artículos proponiendo formas que podía tomar esa reforma reconociendo su necesidad, y aunque naturalmente no esté de acuerdo con todos los puntos especificados para la reforma actual entiendo su importancia. La República Dominicana está en un punto de inflexión en su desarrollo en el que va a necesitar un gasto ambicioso y agresivo del Estado en infraestructura y el desarrollo del capital humano para el que necesita aumentar sus ingresos en una forma comparable a países de la OECD y así fortalecer los cimientos de su desarrollo. 

Pero es muy cuesta arriba poder hacer una reforma fiscal si su objetivo de impulsar el gasto en activos necesarios para el desarrollo nacional arrastra el grillete de un déficit eléctrico que no solo va a consumir la mayor parte de ese ingreso, sino que viene en franco crecimiento año por año sin ninguna perspectiva de mejora en el corto, mediano o largo plazo. 

Es tiempo que el Estado dominicano privatice toda su participación en el sector eléctrico y retire todo tipo de soporte económico directo que mantenga sobre las empresas que participan en el mismo. Asistencias directas en el consumo, como bonoluz, pueden continuar para tratar de preservar que la mayoría de los dominicanos, incluyendo los más necesitados, puedan sostener el enorme ajuste en precios y facturación que implicaría la privatización y la eliminación de la asistencia económica a las empresas eléctricas.  

Las cuatro grandes partidas en el Presupuesto Nacional son educación, salud, el servicio de la deuda y el déficit eléctrico, sobre las primeras dos el objetivo es hacer ese gasto más efectivo concentrándose en metas cualitativas que hagan más productivo ese gasto, la tercera puede ser manejada como un buen programa de emisión de deuda interna y externa como muy bien ha venido haciendo el Estado dominicano en las últimas décadas, pero el déficit eléctrico es simplemente insalvable y debemos cortarlo de raíz. 

No tengo dudas de que la reforma fiscal es necesaria y que el objetivo desde el Estado es poder utilizar sus resultados en un programa de ejecución de gastos que sirva para apuntalar nuestro desarrollo, pero simplemente no veo realista esa ejecución si el gasto público continua siendo arrastrado por el déficit eléctrico. Fortalezcamos la Superintendencia de Electricidad, privaticemos todo el sector eléctrico y blindemos la normativa del sector frente a cualquier contrarreforma requiriendo mayorías especiales para su modificación para garantizar la estabilidad normativa que una privatización requerirá. 

Ordenando las direcciones

La numeración de calles y casas en nuestro país es de esas cosas pintorescas de la vida en República Dominicana que su uso en los relatos cómicos en los hogares y shows de comedia le hacen sentir casi como un elemento esencial de nuestra cultura y la experiencia de vivir como dominicano. Pero esta debilidad viene con consecuencias importantes no solo para el día a día de los ciudadanos que no pueden hacer un uso efectivo de la dirección de sus hogares, sino para el mismo Estado que queda inhabilitado para ejecutar muchas iniciativas o mantener un control efectivo de sus servicios por el simple hecho de que la información sobre la dirección de las personas que pretende servir es, para ser francos, pura basura. 

Para ilustrar la situación, veamos el caso de las cámaras en los semáforos. La idea es que los semáforos puedan captar los infractores de la luz roja y de manera automatizada puedan poner la multa. Aunque se pueda registrar una multa a la matrícula, la falta de notificación al domicilio del infractor hace esa sanción legalmente natimuerta por vicio de forma. Y sí, la mayoría de las personas no suelen perder su tiempo contestando esa sanción y simplemente pagan la multa, pero realmente esta no es la forma apropiada de operar de un Estado social y democrático de derecho.   

Esto se extiende a las dificultades de las corporaciones de acueductos para cobrar el servicio del agua, las complicaciones para cobrar y controlar la facturación de los servicios de electricidad, y ni hablar de la completa utilidad y funcionalidad de algo tan esencial como el servicio del correo, lo que se ve replicado en absolutamente todos los servicios del sector privado. Estas dificultades y complicaciones se traducen en costos enormes para toda la economía del país que se acumulan en los miles de millones de pesos cada año. 

Establecer un orden en la numeración de casas y hogares es una función propia de los ayuntamientos como parte intrínseca de su competencia sobre el ordenamiento y planificación urbano. 

Con el fin de traer orden en la designación de calles y enumeración de las viviendas los ayuntamientos pueden hacer operativos por zonas y vecindarios que incorpore activamente la participación de las juntas de vecinos y los munícipes de forma directa. A los fines de que el ejercicio perdure, los ayuntamientos deberían incorporar un registro electrónico y asignar una numeración digital de las viviendas de forma tal que estas no puedan ser alteradas medalaganariamente por desarrolladores, juntas de vecinos o personas individuales. La formalización de este registro electrónico sería esencial para la ejecución del mismo a los fines de facilitar los nuevos registros de viviendas en construcción en todo el municipio.

Mucho se habla se como la transformación digital y la digitalización de productos y servicios es el futuro de los servicios públicos y privados, pero esto no va a ser posible si algunas cosas esenciales no se tienen en orden. El poder tener una dirección clara e inequívoca es de esas cosas esenciales para que muchas otras transformaciones sean posibles en la vida de los ciudadanos, reconozco que los chistes con este tema son muy buenos, pero esa realidad va a ser más cómica y agradable de contar cuando la enterramos en el pasado.