El enfoque sobre transparencia y eficiencia como parte de las reformas que se desean implementar en el sector público se beneficiaría mucho de la introducción de principios de buen gobierno en las entidades públicas. La introducción de prácticas de buen gobierno es algo bastante extendido en el sector privado en nuestro país, pero esto no ha encontrado una respuesta similar en el sector público lo cual pudiera representar muchos beneficios para los ciudadanos y, naturalmente, para el Estado.

Hay bastante literatura detallando los principales principios de buen gobierno que aplican a entidades del Estado, y debemos estar conscientes que en todos los casos la implementación de estos necesariamente implica cambios normativos y culturales en el Estado.

En un buen gobierno del sector público la función pública como tal no sólo se reafirma como apartidista, sino que el control de esa característica recae sobre fiscalizadores independientes y no bajo la discreción del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente el bueno gobierno del sector público implica marcar diferencias entre el rol administrativo de los ministros y su rol ministerial, delegando más de lo primero a los funcionarios de la carrera administrativa en forma de comités internos que si bien mantienen un enfoque marcado hacia objetivos conforme así lo vaya trazando el Ministro o la cabeza del Poder Ejecutivo, también están llamados a darle continuidad estructural, legal y cultural a las funciones del Ministerio.

El buen gobierno del sector público también tiene un enfoque basado en la transparencia en las acciones de dicho sector, el uso adecuado de los recursos públicos y la fiscalización contínua de los mismos a través de auditorías internas y externas conforme lo vayan delimitando las normas.

España es un referente interesante en la aplicación de normas de buen gobierno en el sector público que en su implementación incluyó los pilares de transparencia y el de libre acceso a la información pública. En nuestro país tenemos normativas que pueden ser mejoradas respecto de los dos últimos pero nada sobre lo primero.

La adopción de los principios de buen gobierno del sector público en nuestro país tendría los beneficios prácticos de mejorar la calidad de la función pública, mejorar la transparencia y eficiencia en la adopción de decisiones en los ministerios, darle una muy necesitada estabilidad a la relación Estado-Ciudadano con posiciones predecibles desde la administración creando una cultura de estabilidad jurídica, y más importante aún, hacer de la administración pública un ente de estabilidad frente a cualquier embate político sobre las funciones del Estado.