Con frecuencia en la República Dominicana ocurren tragedias de diferentes magnitudes que por su naturaleza pueden ser prevenidas o mitigadas. Lamentablemente estas no suelen ser investigadas adecuadamente y como resultado de esto, en muy pocas ocasiones estamos en condiciones de tomar acciones efectivas para prevenir que estas vuelvan a ocurrir en el futuro. En esta ocasión propongo la creación de un instituto para la investigación y prevención de catástrofes que centralice la investigación de este tipo de eventos, tenga la responsabilidad de preparar y divulgar informes alrededor de los mismos, y documenten la toma de decisiones del Estado para regular su prevención. 

Desde las catástrofes en Villas Agrícolas y San Cristóbal, el colapso del paso a desnivel de la 27 de febrero, la muerte de niños en la Maternidad de Los Minas, la tragedia de Mesopotamia, el desprendimiento de asfalto de la pista del Aeropuerto de Las Américas, los accidentes masivos en nuestras carreteras, etc. La ocurrencia de eventos de múltiples fatalidades o potencialmente calamitosos es habitual en nuestro país. Lamentablemente, la información pública sobre las investigaciones relacionadas a esos eventos es de difícil acceso o si acaso existente. No hay información suficiente sobre las investigaciones realizadas, sus resultados, o si estas siquiera fueron realizadas. 

Más aún, es evidente que las investigaciones de estos eventos no es centralizada, sino que es asumida conforme a responsabilidades determinadas a un criterio ad-hoc y caso por caso. Dependiendo del tipo de evento se han presentado todo un desfile de entidades para las investigaciones que van desde los Cuerpos de Bomberos de la municipalidad donde ocurren, el INACIF, el Ministerio Público, el COE, el Ministerio de Salud Pública, el IDAC, el MOPC, las Fuerzas Armadas, el INTRANT, el Ministerio de Interior y Policía, y cualquier entidad que pudiera parecer remotamente relacionada a las circunstancias de cada caso.

Lo anterior ha derivado en investigaciones poco efectivas, poco difundidas o abiertamente inexistentes, lo que ha resultado en una pobre capacidad de acción del Estado no solo en determinar responsabilidades, sino mucho más importante aún, en acciones que puedan prevenir que situaciones similares se produzcan en el futuro.

La creación de un instituto donde se centralicen las investigaciones de esta naturaleza de primera mano definiría una responsabilidad institucional concreta a una entidad para asumir la investigación. Esto no limitaría a dicha entidad de auxiliarse de otras entidades del Estado que por su perfil técnico puedan ofrecer una asistencia efectiva a sus investigaciones, pero sí les haría directamente responsables de ejecutar y divulgar las mismas y documentar al Estado en como prevenir que estas puedan repetirse en el futuro.

Es esencial para la credibilidad de las instituciones del Estado que estas sean capaces de atender a las demandas de las situaciones que viven sus ciudadanos, dar respuestas creíbles y oportunas a las realidades detrás de los eventos calamitosos que ocurren en dicha sociedad, y responder de manera efectiva a las mismas no solo para mitigar sus efectos inmediatos sino para evitar que estas se repitan en el futuro, de forma tal que el ejercicio democrático tenga valor dentro de la población. Ordenar la capacidad de acción e investigación de catástrofes en la República Dominicana centralizándoles en una entidad con esa responsabilidad claramente definida en sus objetivos, sería un paso muy importante en esa dirección.