El paso natural luego de implementarse un Registro Público Unificado, como lo planteara en mi artículo anterior, sería el establecimiento de un documento de identidad que incluya la capacidad para accesos y firmas digitales de manera individual a cada ciudadano. Por ello propongo la implementación de un documento de identidad digital.

El documento de identidad digital no sólo tendría la función de servir como un documento físico de identificación como ya lo hacen las cédulas de identidad con las que ya vivimos y conocemos, sino que adicionalmente serviría como documento de acceso del ciudadano a toda la información que el Estado posea de él, así como herramienta para la solicitud de servicios del Estado.

Con esta herramienta el ciudadano podrá tener el control de su información, y estaría en capacidad de fiscalizar quien tiene o ha tenido acceso a la misma. Más aún, podrá actualizar sus informaciones variables (dirección, teléfono, etc.), solicitar servicios al Estado como certificaciones de no antecedentes penales, renovación de pasaportes, licencias de conducir, etc., conservar documentación vinculada a los registros públicos como actas del estado civil, certificaciones de educación y educación superior, registros de propiedades, etc. y contratar todo tipo de bienes y servicios con el sector privado empleando su firma digital.

Por supuesto, esto también estaría abriéndole la posibilidad al Estado de permitir las declaraciones de impuestos, monitorear sus programas de asistencia social y hasta realizar las votaciones en los certámenes electorales por esa misma vía.

Ya que el documento de identidad digital tendría la misma capacidad de los documentos tradicionales, no habría dificultad para el Estado permitir que el modelo de gestión digital y el modelo actual análogo coexistan sin mayores traumas para los ciudadanos, en especial para aquellos más afectados por la brecha digital.

El conjunto de estas propuestas, tanto el Registro Público Unificado como el documento de identidad digital, supone atender los costos en los que actualmente incurre el Estado en la captación, almacenamiento y tratamiento de la información de los ciudadanos así como de su gestión frente a estos, y adicionalmente los costos que impactan a los ciudadanos y la economía en general derivado de estos trámites.

Esa reducción de costos adicionalmente se acompaña de un incremento en la seguridad e integridad de la información que maneja el Estado, la fiscalización por parte de los ciudadanos del tratamiento de su propia información y la mitigación de los riesgos para terceros usualmente asociados al robo de identidad, falsificaciones y fraudes. La tecnología existe, y está ampliamente demostrada tanto en el sector privado como en algunos países, lo único que falta para República Dominicana iniciar su implementación es la decisión de hacerlo.