El desfasado Código de Procedimiento Civil Dominicano ha estado en proceso de ser modificado por tanto tiempo que la mayoría de los anteproyectos para su modificación ya también están desfasados. Es un tema complejo y con muchas particularidades objeto de mejoras, pero en esta ocasión me gustaría empezar por algo más sencillo dentro de todos los aspectos que tocaría ese Código, proponiendo la posibilidad de establecer domicilios digitales.

El domicilio es uno de los elementos fundamentales de los actos jurídicos y la acción en justicia, y de su definición por las partes en esos procesos se desprenden múltiples efectos en el proceso. Asociados a estos efectos también están incluidos una porción material de los costos de la acción en justicia. Poder digitalizar el domicilio y por ende todos los procesos directa e indirectamente asociados a este tendería a mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos y empresas.

El Consejo del Poder Judicial puede habilitar estos domicilios digitales como buzones en su portal en los cuales sus titulares pueden válidamente recibir y enviar notificaciones de todo tipo así como para administrar los procesos judiciales en los que participe y recibir todo tipo de información de las secretarías de los tribunales donde tenga casos en cursos.

Los principales beneficiarios evidentemente serían los abogados, las oficinas de abogados y las grandes empresas, que son los que tienden a litigar con mayor frecuencia sus casos ante los tribunales. Sin embargo, de forma indirecta los ciudadanos de a pie pueden beneficiarse de un sistema de esta naturaleza, pudiendo establecer su domicilio digital a través de su abogado representante y usarlo para todos los actos de naturaleza legal de su día a día.

La notificación digital a través de los domicilios digitales brindarían un mayor nivel de seguridad en las acciones procesales, especialmente en las de naturaleza civil, comercial, laboral y administrativa, mitigando los riesgos de caer en algunas de las “mañas” que suelen darse en esta parte del procedimiento y que inciden en la inseguridad jurídica para las inversiones que usualmente se cita respecto de nuestro país.

Más importante aún, se reducirían los costos de los procedimientos judiciales y el acceso a la justicia, podrían implementarse reformas para simplificar las formalidades de los actos procesales, y eventualmente asistiría a los esfuerzos del Poder Judicial para reducir la mora judicial pudiendo atender a los procesos con mayor agilidad, teniendo acceso a las partes involucradas en todos los procesos con mayor facilidad.

La digitalización de la justicia va a requerir muchos esfuerzos en múltiples partes de los procesos en la que esta se involucra, pero son estos pasos pequeños, como los domicilios digitales, los que pudieran suponer los saltos agigantados para encausarla cada vez más en esa ruta.