Luego de décadas en las que se han ido desarrollando tecnologías para disrumpir industrias en el sector privado, hoy en día el poder disruptor de la tecnología se está empezando a extender hacia el sector público. República Dominicana puede ofrecerse como hub de innovación e incubadora de tecnologías para el sector público para atender muchas de las necesidades presentes y reducir los costos operacionales del Estado.

A modo de ilustración, una y otra vez se ha demostrado que las normas y controles legales establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana no han sido suficientes para reducir la corrupción en estos procesos. Varios países del mundo ya han iniciado el estudio y análisis de la adopción del blockchain como parte de sus procesos de compras y contrataciones para reducir la incidencia de la corrupción en los mismos. La República Dominicana puede asumir un compromiso más determinante en la adopción de esa y otras tecnologías, y ofrecerse como un laboratorio para desarrolladores que busquen implementar este tipo de soluciones para el sector público.

Los beneficios de la implementación de esta tecnología en los procesos de compras y contrataciones están ampliamente cubiertos en diversos estudios y en las recomendaciones de la OECD y el BID, por lo que entiendo que no debe ser necesario abundar demasiado en ello ya que su incidencia en transparentar los procesos de compras y contrataciones, la capacidad de brindar alertas en tiempo real sobre irregularidades, la participación y monitoreo del público sobre estos procesos, así como su impacto en la reducción de costos para el Estado es bastante evidente.

No solo se debe considerar la implementación de blockchain en el proceso de compra y contrataciones, sino que la República Dominicana debe ir un paso más allá y ofrecerse como hub de innovación tecnológica para soluciones que beneficien la transparencia en el sector público como parte de un compromiso abierto del Estado para combatir la corrupción.

Esto debe promoverse mediante un programa contínuo de desarrollo con llamadas a concurso habituales para atraer desarrolladores y promotores desde el sector privado, enfocar adecuadamente los recursos en la implementación y en la gestión del cambio, así como gestar una nueva cultura institucional en el Estado orientada hacia la innovación y eficiencia en el servicio público.

Una enorme ventaja de la que goza República Dominicana actualmente como país es que acá abundan los problemas, procesos defectuosos, innecesarios e ineficientes, lo que nos hace terreno fértil para la disrupción y la innovación en el sector privado y especialmente en el sector público.