Mientras el precio de la gasolina se empieza a acercar a los $300 pesos por galón, el Gobierno empieza a sentir la presión política de algo sobre lo que no tiene control impactando no sólo a los consumidores, todos votantes en las próximas elecciones, sino también en la presión que ejercen los precios de los combustibles en nuestra balanza de pagos y la tasa de cambio. Esto hace de este momento el oportuno para que el Estado lance un programa agresivo de electrificación del parque vehicular y garantizar la seguridad energética del país.

Ya países con menos ventajas climáticas y geográficas que nosotros (Noruega, siendo el mejor ejemplo) han logrado una transición significativa de sus parques vehiculares de motores de combustión interna hacia vehículos eléctricos e híbridos, por lo que ya nos puede servir de modelo para iniciar esa transición.

En República Dominicana podemos eliminar la aplicación de aranceles, ITBIS y el impuesto para la primera placa, en adición a un crédito al ISR de los dealers de hasta 5% del precio de cada vehículo eléctrico vendido, mientras que a los híbridos sólo establecer la exoneración de impuesto, esto para que los vehículos eléctricos e híbridos puedan competir a nivel de precios con los vehículos de combustión interna a los que se debe mantener esos impuestos e incluso considerar subirlos. La transición eléctrica del transporte público debe hacerse prioridad del gasto público.

Adicionalmente, para acelerar la implementación de infraestructura para la carga de esos vehículos eléctricos, ofrecer créditos fiscales diferenciados a los detallistas de combustibles por cada punto de carga que instalen en sus estaciones, haciéndoles parte de la solución en adición de establecer créditos fiscales base a las empresas que habiliten puntos de carga en sus parqueos y las constructoras que los incluyan en sus planos de construcción de viviendas y apartamentos ayudaría de manera decisiva a cualquier falta de infraestructura de cargas en el mediano plazo.

Para sostener esa transición el Estado debe empezar a hablar de seguridad energética con la misma contundencia que suele hacerlo de la seguridad alimentaria. Esto debe orientarse hacia triplicar la capacidad de generación instalada en el país, favoreciendo la generación con fuentes que puedan ser producidas en el país, que en principio serían eólicas, solares, hidroeléctricas y energía mareomotriz.

El proyecto de seguridad energética debe ser impulsado con capital privado tanto local como internacional por lo que la burocracia para movilizar las inversiones debe ser mínima y diligente, tanto para la generación como para la instalación de plantas de almacenamiento para las energías que no tengan una producción constante por tratarse de recursos intermitentes como el viento, el sol y las mareas.

Ya hace 15 años como país vivimos un punto de inflexión con los combustibles, 10 años antes de esa se vivió otro y 10 años atrás de esa otro. El país ya no se puede seguir dando el lujo de quedar a la merced de los precios internacionales de los commodities para atender sus necesidades de energía o exponerse a malestares sociales, avancemos hacia el futuro.