Por más que en República Dominicana nos pretendamos hacer los ciegos, sordos y mudos respecto a la ejecución de deportaciones masivas en perjuicio de inmigrantes haitianos en nuestro territorio, siempre será inevitable que estas generen alarma y repudio por parte de la comunidad intencional y las organizaciones de derechos humanos, porque, en efecto, estas de manera sistemática son violatorias de múltiples derechos humanos. Como propuesta, en esta ocasión invito a repensar este tipo de estrategias que a la larga nos hace mucho más daño que el supuesto mal que pretendemos erradicar al ejecutarlas.

Empecemos por la realidad de que las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana no es una política sostenible. Los presupuestos de Migración y de Interior y Policía no tienen la capacidad de sostener una actividad de esta naturaleza por más de unas cuantas semanas a la vez, y la frontera entre Haití y República Dominicana siempre va a ser extremadamente porosa, aunque levantemos la Muralla China allí, por simple virtud del hecho de que compartimos una isla. Este tipo de gastos son un monumental desperdicio de recursos que el país necesita para enfrentar problemas más importantes como el de la delincuencia.

Más aún, el hecho de que en República Dominicana el proceso de deportación es enteramente administrativo y que seguimos optando por cegarnos a la realidad de que el racismo plaga a nuestras instituciones, esencialmente garantizan que estos procesos de deportaciones masivas vengan cargados de arbitrariedades y abusos no sólo contra posibles inmigrantes ilegales sino contra residentes legales, turistas y nacionales de color. Naturalmente esto resulta en el descrédito de la imágen del país en el exterior y del Estado dominicano como democracia.

Aceptando la realidad de que en nuestro país la ejecución de deportaciones masivas tiene alto valor político y que el reconocimiento de nuestro racismo institucional van a ser cosas que tomarán años, o décadas, en cambiar, propongo que iniciemos judicializando los procesos de deportación en nuestro país.

Es constitucionalmente cuestionable que un proceso que en muchas ocasiones implica extraer forzosamente a alguien de su vivienda, privarle temporalmente de su libertad y físicamente arrastrarle fuera de nuestras fronteras, sea ejecutado sin ningún tipo de tutela judicial. Acciones de esa naturaleza no tienen cabida en una democracia y ya es tiempo de que esto sea corregido.

Judicializar el proceso implicaría, en primera instancia, proteger el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia que enarbola nuestra Constitución, pero más importante aún, serviría primero legitimar frente a la comunidad internacional las acciones de deportación que tome el Estado dominicano y segundo como un elemento disuasivo a las estrategias de deportaciones masivas como las que se vienen ejecutando hoy en día.

Si no resulta evidente para el lector, estoy totalmente en desacuerdo con la deportación de inmigrantes de nuestro país salvo que estos hayan cometido algún crimen violento. Ahora, aceptando la realidad de mi país, abogo a que si se va a hacer, que se haga correctamente para evitarle reproches y condenas al país que no solo afecten al sector de turismo sino que afecten nuestras estrategias diplomáticas de largo plazo.