Eliminando el anticipo al Impuesto Sobre la Renta

En el llamado “paquetazo fiscal” del 2001 se introdujo una de las figuras más criticables de nuestro Código Tributario, el pago del anticipo del Impuesto Sobre la Renta. Esta carga se introdujo en un contexto que dista mucho del actual, y el mal que produjo en aquel entonces ya no tiene justificación en el presente, por lo que una próxima reforma fiscal debe considerar eliminar esta figura que nunca debió haber existido.

El pago del anticipo del ISR, al exigir el pago de un impuesto en el presente basado en los resultados de un período fiscal anterior, pone sobre el contribuyente la carga de pagar una obligación tributaria que aún no se ha materializado. Esta obligación es particularmente devastadora para las MIPYMES que deben hacerle frente con la poca liquidez que cuenten, limitando no sólo su capacidad de crecimiento sino, en muchos casos, llevarles directamente al cierre.

El anticipo surgió en la República Dominicana del 2001, cuando el mercado local de deuda del Estado era virtualmente inexistente y el grueso de la liquidez estatal dependía de préstamos bilaterales con otras naciones y organismos internacionales. Fue precisamente la liquidez del Estado la sola excusa que justificó la introducción del anticipo.

La República Dominicana del 2023 es un país con acceso a los mercados internacionales de deuda soberana y adicionalmente cuenta con un mercado interno en franco crecimiento. En los últimos años el Estado dominicano se ha venido congratulando por la demanda que genera su deuda en inversionistas locales e internacionales, y ha estado en una marcha contínua en mejorar la calificación de la misma hasta llegar al borde de alcanzar el grado de inversión.

Es evidente que el Estado dominicano tiene capacidad de sobra para atender sus necesidades de liquidez valiéndose de los mercados que hoy demandan su deuda soberana, por lo que la razón detrás del anticipo ya no existe.

Más aún, es importante que el anticipo se elimine para seguir mejorando la perspectiva de liquidez a través de deuda soberana, facilitando la ampliación de la base de contribuyentes por virtud de quitar uno de los desincentivos más importantes de la formalización de nuestra economía y un canibalizador de nuestras MIPYMES.

El Estado dominicano ya está en la posición de poder eliminar una de las figuras tributarias más distorsionantes de la productividad de nuestra economía y es oportuno que lo haga a la mayor brevedad para dar un verdadero espaldarazo al sector MIPYMES el cual ha mantenido en su foco de atención de en los últimos 10 años con sobradas razones.