Recientemente el Departamento de Justicia reveló su acusación a dos empleados de la agencia de noticias rusa RT de haber cometido una conspiración para lavar activos y no registrarse como agentes de un Estado extranjero. La acusación reveló una de las formas en las que, alegadamente, el Estado ruso utiliza para influenciar al público en los Estados Unidos, pero más interesante aún, muestra la utilidad práctica de tener una ley que exija el registro de agentes de Estados extranjeros que realicen actividades dentro de nuestro territorio.

Es importante tener en cuenta que no hay nada inherentemente negativo o sospechoso de actuar por cuenta o encargo de un Estado o entidad extranjera en nuestro país con el propósito de influenciar la política interna o externa y la opinión pública, esto es parte ordinaria de la actividad profesional o comercial de miles de personas (dominicanos y extranjeros) en el país, y exigir un registro para estos fines no debe ser considerado una demonización de este tipo de actividad ni esta debe ser la perspectiva en el cumplimiento de la misma.

La exigencia de un registro para agentes o representantes de Estados o entidades extranjeras nos va a permitir resaltar, en una primera instancia, aquellos que lo hacen de buena fe y sin temores a hacerlo de manera transparente, permitiendo que sus acciones frente al Estado, los particulares y la opinión pública en la República Dominicana estén apropiadamente transparentadas.

La figura legal como tal es una reliquia de antes de la Segunda Guerra Mundial y viene de tener un alto enfoque en prevención de espionaje, pero esta ha venido a tener particular importancia en los últimos 10 años en la que los medios tradicionales han perdido sustancialmente su hegemonía sobre la opinión pública y donde los mecanismos de incidir sobre esta son más diversos y menos centralizados. 

Actualmente la República Dominicana no tiene los medios legales de perseguir personas que maliciosamente traten de influenciar nuestras políticas y a la opinión pública, sin revelar que operan por cuenta de Estados o entes extranjeros. Estos nos deja expuestos a que cualquier medio sea explotado para tratar de promover intereses foráneos o, simplemente, estimular la discordia e inestabilidad social interna, si así lo determinare como objetivo cualquier Estado o ente extranjero.    

En la medida que la República Dominicana crece y su economía y peso diplomático se tornan más relevantes en el Caribe y Centroamérica, nuestras acciones como país serán de mayor interés de actores foráneos. En principio es perfectamente admisible que personas actúen en bajo esa calidad en nuestro país, como parte de sus actividades profesionales o comerciales, pero conservar un registro y requerir esa transparencia es esencial para que estas actividades no exploten los distintos accesos a nuestra opinión pública nacional de forma negativa que puedan afectar nuestra estabilidad social y política.