Ya que el Congreso vuelve a debatir la modificación de la trístemente célebre Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 2018, en esta ocasión aprovecho para volver a proponer algunas normas de sentido común que deberían aplicar a nuestros partidos políticos pero que hasta el momento siguen sin ser consideradas en las conversaciones tal cual como ocurrió con la ley hoy vigente.

Los partidos políticos, como organizaciones privadas de interés público que reciben fondos públicos, deberían publicar estados financieros interinos semestrales y auditados anuales por contadores públicos autorizados definidos para tales fines. Estos estados deben ser sometidos anualmente por ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, en adición a ser de acceso público con su obligatoria publicación en los espacios digitales de los partidos para acceso de toda la ciudadanía.

Adicionalmente, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberían permitir la consulta gratuita de todos los ciudadanos a su padrón electoral y listado de miembros para que estos puedan verificar si estos se encuentran inscritos en los mismos, así como tener los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos su inmediata exclusión de dichos listados a su solo requerimiento.

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberían reportar anualmente a la JCE todas las donaciones recibidas que excedan un salario mínimo del sector privado y las donaciones de una misma persona o entidad que en conjunto excedan un salario mínimo del sector privado durante un año. Este tipo de reporte debería ser mensual durante los períodos electorales declarados por la JCE.

Por su lado, todas las organizaciones de carácter político deberían ser consideradas sujetos obligados en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mantener un Programa de Cumplimiento y hacer sus reportes de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Adicionalmente, las donaciones de ciudadanos y residentes en el extranjero deberían ser prohibidas, lo que extendería la prohibición actual que sólo se limita a gobiernos e instituciones financieras que es fácil de eludir, para proteger nuestra democracia de la intervención de actores extranjeros. Más aún, se debe establecer el deber de cualquier ciudadano a reportar si está actuando por cuenta, a solicitud o como agente de gobiernos y entidades extranjeras.

La reforma a la normativa que aplica a nuestra organizaciones políticas debería ser enfocada en llevar transparencia organizativa y financiera dentro de estas, establecer controles y fiscalización de sus actividades con el objetivo de proteger nuestra democracia de la influencia del crimen organizado y otras naciones con intereses malsanos en nuestro país. Así mismo, las organizaciones políticas deben empezar a promover una cultura interna de cumplimiento y transparencia que les sirva de plataforma para cuidar y mantener su credibilidad ante la ciudadanía si estas aspiran a sobrevivir en el largo plazo y para mantener la integridad de nuestra frágil democracia.