El gobierno ha convocado a un diálogo nacional para evaluar una serie de reformas estructurales que este desea impulsar sobre distintos aspectos normativos del país. El esfuerzo es más que bienvenido, y probablemente me atreva a abordar cada uno de estos en la medida que surjan como parte de esta serie de artículos de propuestas, pero antes que nada entiendo pertinente proponer que para el abordaje de estas reformas se defina primero una meta de mediano y largo plazo de hacia dónde deseamos ir como país.

Si la pandemia nos debió enseñar algo es que económicamente no podemos darnos el lujo de mantener nuestra producción nacional dependiente de un puñado de sectores como turismo, zonas francas y minería para que carguen con el país en sus hombros. La diversificación de la producción nacional debe ser prioridad de corto plazo, y considerar estímulos generales a los emprendimientos en cualquier área económica en la misma forma a como ya lo ofrecemos a esos sectores.

La formalización de nuestra economía debe ser un tema de alta prioridad visto de manera general a través de todos las propuestas de reforma del Gobierno, y este objetivo debe orientar los esfuerzos a realizarse en todos los casos. Más que castigar la informalidad se debe incentivar la formalidad, esto impactará de manera positiva las iniciativas fiscales y en materia de seguridad social que actualmente preocupan al gobierno.

Todas las reformas planteadas deben estar focalizadas a atender una serie de objetivos comunes directamente vinculados unos con otros, y no ser considerados de forma aislada. Viendo un ejemplo sobre los puntos planteados anteriormente, una economía más formalizada tenderá a exigir un sistema de financiamiento privado de los partidos más transparente, fomentaría un mercado laboral más competitivo y crearía un ambiente de hacer negocios en el país más atractivo a las inversiones desde el exterior.

Como parte del proceso el gobierno tendrá que aceptar que ceder su control y parte del poder que actualmente tiene para intervenir en los procesos de los actores económicos privados debe ser una parte material de estas reformas. La acción estatal es un factor importante en los costos transaccionales que actualmente impactan en nuestra economía, hacerse a un lado va a ser parte de la nueva realidad que deberá aceptar para lograr los objetivos que pretende con estas reformas.

A veces la mejor solución es hacer nada o dejar de hacer todo lo que se viene haciendo hasta ahora, y esas son el tipo de consideraciones que deben tenerse en cuenta en este tipo de procesos.

La iniciativa de abrir el diálogo a un proceso amplio de reformas por parte del Gobierno es excelente, y este debe ser receptivo y considerado sobre todas las opciones que se les van a estar abriendo como resultado de este proceso. Las posibilidades son muchas, lo importante es definir exactamente que queremos como país y que todas las tareas se enfoquen directamente sobre ese objetivo.