La Suprema Corte de Justicia en su interés de preservar los avances logrados en la digitalización de sus servicios, por el momento revocados por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/286/21, esta introdujo un proyecto de ley para el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Dada la actual oportunidad la Suprema Corte debería considerar ir más allá de la simple digitalización de sus servicios para empezar a ponderar su automatización.

Todo proceso de transformación digital en cualquier organización implica una implementación por fases de diferentes mejoras en sus servicios. El Poder Judicial en la implementación de sus servicios digitales durante la pandemia logró avances impresionantes en un tiempo admirable, pero por efecto mismo de la velocidad, el producto final quedó con muchos baches y espacios para mejorar quedando como en una especie de Fase I versión beta.

El proyecto de ley para el uso de medios digitales en el Poder Judicial no debe enfocarse únicamente en acomodar legalmente los servicios judiciales alcanzados en sus avances iniciales, sino ir más allá integrando los procedimientos civiles, comerciales, penales, administrativos y laborales dentro de la digitalización general de la justicia y completando su transformación digital.

El Poder Judicial debe enfocarse en la implementación de un CRM especializado para el manejo de los servicios de las cortes que le facilite el desarrollo de los siguientes avances en materia de servicios y en los procedimientos legales en las distintas jurisdicciones y ramas jurisdiccionales.

Luego de poner en orden su “back end” el siguiente paso es impulsar las modificaciones necesarias en los códigos de procedimientos para establecer procedimientos digitales alternativos a los ya existentes, incluyendo ajustes en plazos, adecuación de formalidades, reducir costos procesales, celebración virtual de audiencias y la eliminación de las audiencias por completo para ciertos procesos.

Una vez el procedimientos judicial digital adquiera suficiente robustez el Poder Judicial podrá orientarse a la automatización de procesos y trámites judiciales, incluyendo la toma de decisiones de carácter administrativo de las cortes y otras decisiones de escritorio que hoy abruman al Poder Judicial.

El proceso de digitalización de los servicios judiciales será un proceso largo pero continuo que requerirá muchos cambios en la forma en como actualmente opera nuestra justicia, por lo que es probable que este requerirá soporte legislativo con múltiples modificaciones de leyes y códigos en la medida que se realicen esos avances. El Poder Judicial va a requerir apoyo continuo y este deberá trazar su hoja de ruta para la digitalización consciente de que este es un proceso que nunca llegará a un final definitivo sino que por su naturaleza estará en constante evolución.