El transporte público masivo en República Dominicana a través del metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago y los distintos teleféricos está empezando a tomar forma. Sin embargo, su estructura organizacional, dividida entre la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, está empezando a fungir como una traba para su necesario desarrollo ágil, por lo que propongo la creación de una empresa propiedad del Estado dominicano en la que se unifique todo lo relativo al transporte público masivo.

La administración del transporte público masivo necesita tener un enfoque empresarial tanto en su operatividad diaria como en su planificación, y para ello debe ser separada legalmente del ámbito administrativo del Poder Ejecutivo. Esto le daría mayor flexibilidad para invertir, contratar, planificar y acceder a capital, en formas que no son posibles bajo su esquema actual de administración. 

El Estado, en principio, debe ser el accionista mayoritario de la empresa, por lo que bajo ningún concepto se trata de una privatización, sino de normalizar el estatus de la administración de nuestro transporte público masivo para que se asemeje a sus pares en España, Francia o Alemania, donde este servicio también es propiedad del Estado. Adicionalmente, y a los fines de garantizar la estabilidad inicial de esta empresa estatal, se le puede otorgar un monopolio temporal (que no exceda los 20 años) sobre la administración del transporte masivo en nuestro territorio.

Una vez constituida, la empresa tendría la libertad de crear empresas adicionales, bajo su control, para el desarrollo y la administración de medios de transporte puntuales como los teleféricos o sobre el transporte masivo interprovincial. Más aún, esta podría hacer alianzas estratégicas con otras empresas de administración de transporte masivo del mundo para la construcción y ampliación de nuestra red, incluyendo nuevas líneas de metro, tranvías, monorrieles, etc. en donde la empresa entienda económicamente factible hacerlo. 

Con una empresa constituida los activos, la deuda y el capital invertido en el transporte público masivo del país se concentraría en un solo lugar y no se mezclaría con el gasto corriente y la deuda pública del país, teniendo esta la capacidad de obtener capital y endeudarse sin la intervención del Estado central. Va a ser importante garantizar la autonomía operativa y económica de la empresa, previendo para su operación reglas más flexibles de compras y contrataciones o de endeudamiento que el actualmente previsto para el Estado, dada la naturaleza de la empresa.   

República Dominicana necesita ampliar drásticamente su capacidad de transporte masivo, si eventualmente deseamos dejar detrás la pesadilla vehicular que existe en nuestras calles, y para lograr eso necesitamos mucho mayor dinamismo de la acción del Estado a través de una empresa que centralice esta iniciativa y las ejecute con total autonomía con la menor intervención posible de intereses políticos que puedan afectar su naturaleza empresarial.