En ocasiones anteriores he propuesto y comentado acerca de la implementación de sandboxes regulatorios, zonas francas digitales y la promoción estatal de la innovación tecnológica, para la propuesta de esta ocasión deseo enfocarme en la creación de una incubadora estatal enfocada en el desarrollo de tecnologías para atender las necesidades del mismo Estado, también conocido como GovTech.

Idealmente el sector privado debería estar en la capacidad de tener incubadoras y aceleradoras de desarrollos tecnológicos y empresas de tecnología para poder ofrecer al Estado las soluciones que este requiere, lamentablemente en la República Dominicana no tenemos la cultura de inversión o el enfoque en investigación y desarrollo necesarios para estimular esto, por lo que para motivar estos avances podemos adoptar el enfoque que viene implementando la Unión Europea, creando esos laboratorios desde los organismos públicos.

Es difícil desde el sector privado conocer las necesidades del Estado especialmente desde la perspectiva tecnológica ya que la inmensa mayoría de esas informaciones no son públicas o simplemente no existen. De similar forma es difícil para el Estado identificar soluciones existentes en el sector privado para atender o lograr mejoras en sus procesos internos. Esta falta mútua de información podría estar representando un severo coste de oportunidad no sólo para el Estado y el sector privado, sino para la ciudadanía en general que resultaría beneficiada de las mejoras sustanciales de los servicios del Estado que pueden derivarse de la implementación de nuevas tecnologías en el sector público.

Una incubadora de GovTech, con diferentes laboratorios enfocados a distintos aspectos de la operatividad interna de las instituciones del Estado, sería instrumental la barrera que actualmente representa la falta de información. Permitiendo al Estado compartir el estado de sus procesos y sistemas actuales y definir sus objetivos y prioridades, dejando a cargo del sector privado el desarrollo de soluciones que no sólo sirvan para atender procesos a instituciones específicas sino que puedan ser replicadas en otras instituciones del Estado dominicano y fuera del país.

Ni la Ley de Compras y Contrataciones, ni la de Alianzas Público-Privadas encajan adecuadamente para el desarrollo de estas incubadoras, por lo que es probable que para superar las barreras legales que crean esas legislaciones y otras más, se requiera una ley especializada para su creación y operatividad, que es donde pudiera ser útil seguir el ejemplo de la Unión Europea en la creación de su propia incubadora.

Ha medida que desde el sector privado se vienen desarrollando más soluciones de servicios empleando nuevas tecnologías, más Estados están procurando el desarrollo e implementación de tecnologías para mejorar y hacer más eficientes sus propios servicios. La República Dominicana no debe quedar rezagada en ese esfuerzo y debería estimular esos desarrollos de forma nativa, para en adición a recibir los beneficios de la tecnología para la mejora de sus procesos, adicionalmente estimule su propia economía, la generación local de empleos y la creación de una cultura local hacia la investigación, desarrollo y el emprendimiento.