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Writer's pictureOrlando Gomez

El Registro Inmobiliario se encuentra en estos momentos en un proceso de modernización y actualización que amerita no sólo soporte de los usuarios y el Poder Judicial, sino también legislativo y desde el Poder Ejecutivo para este poder ejecutar su visión. Aún quedan muchos puntos por definir en el alcance de estos avances en la Jurisdicción Inmobiliaria, por ello en esta ocasión ofrezco una propuesta de visión.


Los títulos de bienes inmuebles deben ser documentos digitales, firmados digitalmente que puedan ser consultados en línea por cualquier interesado. Esto debe implicar la eliminación de las “copias del original”, como las de los dueños o del acreedor, así como todo tipo de certificaciones asociadas a los títulos inmobiliarios, ya que el título original, que sería el documento digital, asentaría todo tipo de derecho declarado sobre el inmueble, y estaría protegido digitalmente de cualquier alteración o modificación que sólo podría realizarse dentro de las bases de datos del registro inmobiliario.


La oficina virtual de la Jurisdicción Inmobiliaria pasaría a ser el punto central para la recepción de documentos por parte de toda la Jurisdicción, admitiendo todo tipo de documentos digitales, firmado digitalmente, incluyendo los contratos que versen de derechos sobre inmuebles. La alternativa análoga deberá coexistir por múltiples años con la digital, pero la Jurisdicción Inmobiliaria deberá priorizar, y así hacerlo saber al público, la atención digital.


Debemos movilizarnos hacia la progresiva eliminación de la Dirección General de Mensuras Catastrales, establecer un mapa nacional e interactivo de la Jurisdicción Inmobiliaria que recoja en tiempo real cualquier mejora o modificación en los inmuebles basada en las actuaciones de los titulares de derechos inmobiliarios, y que pueda ser verificado periódicamente y comparado con los resultados de la captura real con sensores remotos de imágenes en el terreno. Las disputas sobre los aspectos de mensuras y tasaciones pueden ser atendidas de manera expedita en los Tribunales de Tierra.


Por mucho tiempo el registro de tierras en la República Dominicana ha sido envuelto en un aura mística que los abogados hemos creado alrededor de un proceso innecesariamente complicado, burocrático, ineficiente e inseguro, un aura que es perfectamente perforada por los avances tecnológicos que están al alcance de todos y que le evidencia por lo profundamente absurdo que es.


Hoy el registro de bienes inmuebles puede ser administrado con mucha mayor eficiencia, transparencia, publicidad y con un bajo costo para todos los usuarios. Para lograr esa mejora va a ser indispensable remover la burocracia normativa con la que hemos ahorcado a todo el proceso durante las últimas décadas para abrir paso a un nuevo enfoque y cultura respecto del rol de los registros públicos, su objeto y la forma en que estos deben brindar sus servicios.


La República Dominicana está a punto de dar sus primeros pasos con un registro público enteramente electrónico para los bienes muebles, gracias al Sistema de Garantías Mobiliarias, los ojos deben ser puestos hacia replicar ese modelo en todos nuestros registros públicos, especialmente el inmobiliario.


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